NUESTRA HISTORIA

NUESTRO MANIFIESTO

Desde la Plataforma de Mujeres Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública, exigimos:

-Que las pacientes que accedan a la interrupción legal de embarazo vivan este proceso en hospitales públicos del Servicio Murciano de Salud que dispongan de servicio de obstetricia, siendo atendidas por matronas, ginecólogos y demás profesionales, según proceda y con la misma calidad y derechos que el resto de mujeres que dan a luz en dichos hospitales.

Todo esto con independencia de la edad gestacional, respetando, en los casos que sea necesario, el duelo perinatal de la misma forma que se hace cuando la pérdida es por causas naturales.

​

Este proceso se lleva a cabo en varios hospitales del territorio nacional, con los cuales hemos tenido contacto y nos han hecho conocedoras de sus protocolos, por lo que somos conscientes de que esos mismos protocolos se podrían aplicar en el Servicio Murciano de Salud de manera inminente, dando así acceso a estas mujeres a un trato digno y por derecho en la sanidad pública.

Además, según amparan la Ley Orgánica 2/2010 y el Código Deontológico de la Medicina, la objeción de conciencia debe ser expresada de forma anticipada e individual, por escrito, y de forma comprensible para que la paciente entienda las razones de esta, hecho que no se llevaría a cabo (y no que no se produce en la actualidad) de ser derivadas directamente a clínicas concertadas o privadas.

Ninguna mujer puede ser derivada mientras que todos los profesionales disponibles no se hayan pronunciado en contra de realizar dicho proceso.

Por lo tanto, instamos a que se respeten dichos derechos y a que los profesionales cumplan con la ley y con su propio código deontológico, priorizando el derecho de la mujer a ser atendida como cualquier otra embarazada que vive una pérdida en dichos hospitales, sin obligar a nadie a realizar un proceso que choque contra sus principios, pero permitiendo que aquellos que estén dispuestos sí lo hagan, garantizando siempre que el derecho a la objeción de conciencia no implique una vulneración de la ley y de los derechos de la mujer embarazada a interrumpir el embarazo por motivos médicos en un hospital público.

-Que las mujeres que pasan por un proceso de interrupción legal de embarazo por motivos médicos, tengan, como el resto de mujeres que vive una pérdida durante su embarazo, derecho a ver a su hijo/a y a poder despedirse de él/ella con dignidad, así como a tener acceso a un funeral organizado si así lo requieren.

-Que a los bebés nacidos a través de una interrupción legal del embarazo por motivos médicos, si la madre así lo desea, se les realice la necropsia y se estudien las causas del hecho que dio acceso a dicha interrupción, igual que se hace con los bebés que fallecen de forma natural intraútero.

-Que toda mujer que viva una pérdida durante su embarazo tenga seguimiento psicológico gratuito.

-Que toda mujer que acceda a una interrupción legal de embarazo sea derivada a su matrona de zona, así como que se le realice seguimiento por parte de obstetricia y ginecología, tal y como ocurre con el resto de mujeres que sufre una pérdida durante su embarazo.

-Que toda mujer que sufra una pérdida, pueda dar a luz lo más aislada posible del resto de madres que estén dando o puedan dar a luz a sus hijos/as vivos/as, con el fin de aliviar su sufrimiento, así como que puedan ser ingresadas tras el parto en unidades dónde no estén en contacto con recién nacidos, debido al impacto que esto puede tener en su recuperación y su salud mental. Somos conocedoras de las limitaciones que la falta de personal y medios suponen, por lo que instamos a mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, pero hasta que esto ocurra pedimos que se nos trate en las mismas condiciones que a una mujer que sufre una pérdida gestacional por otras causas, esto es, en nuestro hospital público de referencia y con la mejor asistencia posible, ya que la alternativa es derivarnos a clínicas donde ni el trato ni los medios son los adecuados, poniendo en riesgo nuestra salud física y psíquica.

-Que los profesionales de dichos hospitales tengan una formación completa en duelo perinatal.

Estamos convencidas de que no existe razón por la cual no se puedan aplicar todas estas medidas de forma inmediata, respetando así la Ley Orgánica 2/2010 y los derechos de todas estas mujeres, sin que esto choque con los derechos de los profesionales a objetar de forma libre e individual y sin que afecte a la rutina del servicio. Somos conocedoras de que hay mucho por mejorar en el protocolo de asistencia, pero esto ya ocurre con las pérdidas por causas naturales (proceso similar a una interrupción del embarazo por motivos médicos tanto en técnica como en duelo)  y estas no son derivadas fuera de la red sanitaria pública.

Por lo tanto, exigimos al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; a la consejera de igualdad, Isabel Franco Sánchez; al consejero de salud, Juan José Pedreño Planes y al gerente del Servicio Murciano de Salud, Francisco Ponce Lorenzo: que hagan cumplir todas estas peticiones, para que de una vez se respete este derecho fundamental de toda mujer.

Además, instamos a la ministra de igualdad, Irene Montero, a que garantice el cumplimiento de los derechos de las mujeres a interrumpir el embarazo en sus centros públicos de referencia en todo el territorio español, y animamos a mujeres de todas las comunidades autónomas a unirse a nosotras para acabar con esta injusticia.